Los inspectores del Banco de España aplauden que el Congreso asuma su tesis sobre la crisis financiera

Los inspectores del Banco de España aplauden que el Congreso asuma su tesis sobre la crisis financiera
El dictamen incorpora siete de sus propuestas para reformar la supervisión. La comisión de investigación apunta a una "grave irregularidad" del supervisor. La pasada semana, el Congreso de los Diputados aprobó en Pleno el dictamen final de la comisión de investigación sobre la crisis financiera. El informe, aprobado gracias a los votos favorables de PP, PSOE y Unidos Podemos, incluye críticas sobre la actuación de reguladores y supervisores tanto a la hora de prevenir la crisis como en las medidas tomadas para gestionarla, así como un catálogo de propuestas legislativas para reformar la normativa bancaria.Buena parte del diagnóstico sobre la crisis financiera que desde hace años defiende el colectivo de inspectores de entidades de crédito en España, muy crítico con la labor de la cúpula directiva y ejecutiva del supervisor, ha sido incorporado al dictamen de la comisión de investigación. Así lo señala la Asociación de Inspectores y Auditores Informáticos del Banco de España (AIBE), que en un reciente comunicado interno al que ha tenido acceso Expansión Directo Banca tilda de «momento histórico» la aprobación de este informe parlamentario, toda vez que se atienden en el mismo diversas reclamaciones y propuestas lanzadas desde hace años por los equipos de inspección.La principal reivindicación del colectivo inspector atendida por el Congreso es la aprobación de un estatuto del inspector de entidades de crédito. El Parlamento insta en su informe al próximo Gobierno a aprobar esta medida, que igualaría (al menos en parte) este colectivo con otros cuerpos inspectores de la Administración, asegurando de esta manera su independencia en el ejercicio de sus funciones.Hay, además, otras seis medidas que el Congreso ha incorporado en su dictamen final y que tendrían su origen en propuestas del colectivo inspector de entidades de crédito españolas.La asociación ha criticado desde hace años los procedimientos de toma de decisiones, la falta de independencia y la tendencia a suavizar las conclusiones de las inspecciones de los responsables de Supervisión. En esta línea, el informe de la comisión parlamentaria incluye la necesidad de reformar la normativa «para garantizar la trazabilidad en los informes de inspección, así como en cualquier otro tipo de informe, orden, circular o documento oficial emitido en el seno de los organismos encargados de la regulación y supervisión».La Cámara Baja concluye también que será conveniente modificar la legislación para poder mejorar «la fiscalización de los sistemas de nombramientos, promoción interna y designación de responsabilidades y funciones» dentro de estos organismos de supervisión financiera. Además, se deberá implementar un régimen de incompatibilidades «apropiado» que limite el riesgo de captura del regulador, así como las potenciales puertas giratorias.El impulso desde España para crear un modelo de unión bancaria «equilibrado y garantista», la reforma de la normativa supervisora para que el Banco Central Europeo (BCE) avance hacia un modelo de «supervisión intrusiva» (aquella que entra a fondo a revisar todos los aspectos de una entidad, en contraste con el actual modelo de «autorregulación», más liviano en la inspección) y el fomento de una supervisión bancaria en el idioma propio de la sede de cada entidad (frente al actual modelo, que promueve el uso del inglés) son otras propuestas de los inspectores asumidas por el Congreso en su informe final.Las críticas explícitas reflejadas en el informe de la comisión parlamentaria no han recibido respuesta por parte del Banco de España, pese a que entre las conclusiones de la comisión se aludía incluso a una «grave irregularidad de consecuencias nefastas» cuando en 2010 se permitió a las siete cajas que formaban BFA-Bankia contabilizar los deterioros latentes contra reservas y no contra la cuenta de resultados, lo que en opinión de los diputados sirvió para ocultar la verdadera situación de dificultad a la que se enfrentaba la entidad resultante.Pese a la ausencia de respuestas oficiales, fuentes financieras defienden las decisiones tomadas y aseguran que todas las medidas adoptadas en su momento cumplían estrictamente la ley.Otras fuentes insisten en esta idea y aluden a que la autorización para hacer estos ajustes contra reservas no fue ni para BFA ni para Bankia (que entonces ni siquiera existía como tal), sino para las siete cajas fundadoras. Estas mismas fuentes explican que la legislación obligaba a corregir a valor razonable los activos y pasivos de BFA y de Bankia, de forma que según la norma únicamente se podía hacer cargando los posibles ajustes contra reservas.Desde diversas fuentes financieras también critican que se cargue contra el Banco de España por el cobro de bonus en 2011 por parte de los responsables de Bankia. Según explican, la retribución bonificada de ese año «no se autorizó». Lo que no se pudo evitar fue el cobro en 2011 de las bonificaciones generadas en 2010, ya que la potestad del supervisor de autorizar ese pago estaba amparada por una norma de 2011 y por lo tanto no podía tener efectos retroactivos, indican.

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